APTHAPI

Escrito por: Marcelo Caruso Azcárate

Si bien el Covid-19 ataca por igual a ricos y pobres, es evidente que unos tienen más posibilidades que otros de resistir a los confinamientos voluntarios sin afectar su calidad de vida, y en particular su salud. Mientras avanzamos en garantías universales de derechos y una más justa distribución de la riqueza las asistencias son necesarias; pero debemos lograr que no caigan en el asistencialismo y se conviertan en transformadoras.

El programa de “Hambre Cero” de Brasil -que en 2003 se construyó bajo el liderazgo de Frei Betto para “erradicar el hambre y la extrema pobreza”- fue considerado como una asistenciatransformadora: un Comité Sectorial de 5 personas -3 de la comunidad y 2 de la alcaldía- seleccionaba las familias que recibían tarjetas de crédito para adquirir cantidades proporcionales de alimentos en supermercados asistidos por productores campesinos asociados. Paralelamente, se acordaba un proyecto con la familia, financiado por el Estado y con un plazo para evaluarlo, destinado a generar los ingresos para garantizar su alimentación; todo el proceso acompañado por el control de la comunidad sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Cumplidos los objetivos, el Comité decidía sobre la continuidad o cambio de las familias en el programa.

Cuenta Frei Betto que a los pocos años de iniciado, lo llamó el presidente Lula para transmitirle la felicitación de los 5.500 alcaldes y la solicitud que estos le habrían realizado de invertir la cifra de representación en el Comité sectorial que controlaba el proceso: 3 para las autoridades locales y 2 para la comunidad; y agregó que había aceptado la propuesta. De inmediato, Frei Betto presentó su renuncia. A partir de allí, y donde no existían alcaldes comprometidos con la democracia participativa y la decencia en su gestión, creció el clientelismo y decreció la participación de la comunidad y, en consecuencia, la capacidad transformadora de Hambre Cero.

Cuando uno observa todas las políticas nacionales y territoriales de asistencia sanitaria que se están implementado para superar las consecuencias de la pandemia, descubre que la voz de los principales responsables de implementarlas y recibirlas médicos, enfermeras, pacientes, expertos en salud, sólo aparece en las redes sociales y, generalmente, expresando sus quejas y necesidades; poco sabemos de consultas previas y espacios de discusión por los medios de comunicación y virtuales sobre sus formas y contenidos a implementar. Igual sucede cuando se lanzan planes de asistencia social para confrontar las consecuencias económicas y alimentarias de los más necesitados por el colapso del modelo de producción, distribución y consumo, en los que no hemos visto exista participación y consultas a los sindicatos, a las organizaciones de pensionados, de trabajadores por cuenta propia, de indígenas y afros, víctimas, mujeres, comunales y muchas más, que pueden aportar valiosas ideas alternativas. Todo se decide a la carrera en un escritorio, sin acudir a las múltiples plataformas interactivas existentes, vías que hoy permiten hacer real estos ejercicios colectivos participativos que construyen cultura ciudadana.

Es prioritario dotarse de plataformas, profesionales y técnicos en comunicación para escuchar a los líderes de las comunidades y revisar las experiencias que otros países y municipios están realizando, como el caso de Argentina, donde la asistencia económica y alimentaria incluye la realización de obras, trabajos de aseo y otros, en la comunidad organizada.

Ya en Bogotá se propone que sean los líderes de los trabajadores por cuenta propia quienes realicen los listados de las personas que requieren la asistencia (fortaleciendo su organización) y se comprometan con acuerdos a futuro, a trabajar asociativamente como protectores de los espacios públicos y donde el Estado se comprometa a garantizarles prestaciones sociales.

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