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BOGOTÁ DE PEÑALOSA: “MEJOR PARA UNOS POCOS”

8 Dic , 2020  

Escrito por: Mónica Tinjacá Amaya.

Miembro del Departamento Jurídico de Sindevendedores –CUT.

El origen de las ventas informales como fenómeno social data del siglo XX producto de la migración de familias debido a la búsqueda de mejores oportunidades y al conflicto armado, pero aumentan como resultado del debilitamiento de la economía mundial, los Tratados de Libre Comercio y la globalización, que han ocasionado entre otras, crisis en el campo, en la industria, provocando precariedad laboral y un aumento del desempleo e informalidad.

De acuerdo con La Organización Internacional de Trabajo[1] el empleo informal se mantiene en tasas mundiales del 60% debido a la incapacidad económica de los gobiernos de generar empleo formal en sectores productivos y a las crisis económicas de los países.

En Colombia los indicadores sociales se han deteriorado, según el Dane, la tasa de desempleo en septiembre de 2018 en ciudades metropolitanas fue de 10,5%. En el caso, femenino ha venido aumentando, mientras en el primer trimestre de 2015 fue del 9.6% en el mismo trimestre de 2018 subió al 12,7%. Y sumado a las desastrosas cifras de desempleo, está la profunda informalidad: en Colombia 6 de cada 10 mujeres se encuentra en la informalidad y la cifra en Bogotá no ha disminuido.

Este es el contexto que ha obligado a más de 120.000 familias a recurrir a las calles para poder subsistir. El gobierno nacional y distrital a nombre de la “privatización del espacio público “ha implementado una campaña nacional denominada “Construir Ciudades Amables”, –materializada jurídicamente en el documento CONPES 3718 de 2012. En términos de desarrollo urbano esta política propone una visión de ciudad excluyente, que no reconoce la realidad social y económica de Colombia, donde el principal objetivo es la mercantilización– bajo el eufemismo de la democratización– del espacio público. Es así, como aquellas personas que no tienen el capital para pagar su “derecho al uso del espacio público” se ven segregadas y desplazadas económicamente dentro de su propia ciudad a las periferias. La prohibición de poder estar en el espacio público sin haber ofrecido alternativas económicas iguales o mejores viola claramente el derecho al trabajo, el mínimo vital y otros derechos fundamentales reconocidos en las sentencias de la Corte Constitucional.

El Distrito siguiendo la política de las ciudades amables, expide el Decreto 552 de 2018 que establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público. Este Decreto plantea la privatización del espacio público a costa de la erradicación de los vendedores y vendedoras informales en Bogotá como lo expresa en sus fines. Mientras las asociaciones público privadas pueden hacer negocios en el espacio público, a través de los emporios económicos, los vendedores y vendedoras informales son víctimas de la persecución, estigmatización, bolillo, comparendo y desalojo.

En vez de proponer alternativas socio económicas viables para las personas que por la situación actual del país deben recurrir al trabajo informal, son duramente reprimidos y perseguidos.

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